domingo, 19 de diciembre de 2010

Los poderosos se preparan las normas sobre pensiones de forma diferente.

Los poderosos se blindan.
Desde la posición en la que nos encontramos, mejor o peor situados, vemos nuestro derredor, y aquellos que somos más afortunados y tenemos algo de tiempo, hacemos una interpretación de lo que ocurre. Tal vez creemos que lo que surge de nuestra pluma o de nuestras manos en el teclado, sea más real que virtual, e izando lo que escribimos sobre lo que nos rodea lo hacemos para dar algo de nosotros a los demás y para que los receptores, puedan a su vez, procesar, asimilar y participar de nuestra comunicación.

Y cuando nos transmiten algo, incrementamos nuestro saber y sólo algunos nos percatamos que nuestro potencial personal aumenta de modo exponencial a la consideración dada por “los otros” y conscientes de que la información es el genuino poder disfrutamos con el baño más o menos gratificante de la sabiduría adquirida, que será para siempre nuestra, porque nadie nos la podrá quitar.

Pues bien con todo el estado de las cosas es evidente que las normas se aplican de forma diferente para las personas y que los políticos que nos representan y deben legislar, lo hacen de forma muy diferente cuando las leyes que preparan les afectan a ellos o a "los otros".

Este es el caso de los miembros que forman parte de la Comisión del Pacto de Toledo, los diputados, los miembros del gobierno que nos anuncian que vamos a tener que trabajar más, por la ampliación del periodo de tiempo para calcular lo que cobraremos por las pensiones, y no dan ejemplo aplicando el mismo rasero a sus propias pensiones.

Se hace una cosa y la contraria, no es de recibo que haya trabajadores que pueden acceder a un tipo de jubilación y trabajadores que tienen que aceptar lo que se diga desde la Comisión del Pacto de Toledo o el Gobierno. Pensemos en lo que pasa en las Cajas de Ahorro que ofrecen a sus empleados que se prejubilen a partir de los 55 años y cobrando el 90 por ciento del salario.





En esto de las jubilaciones, los gobernantes - que son los principales culpables de haber facilitado, que en los últimos años haya miles de trabajadores que se han jubilado a edad temprana (rondando la cincuentena) y naturalmente cobrando sus pensiones a cargo del erario contribuyente mucho antes de tiempo- actúan con indignidad, si se excluyen ellos mismos de las medidas que aplican a los demás.

viernes, 3 de diciembre de 2010

¿HUELGA ENCUBIERTA DE CONTROLADORES Y MILITARIZACIÓN?.

Los controladores aéreos, a partir de las cinco de la tarde del día de hoy, 3 de noviembre de 2010, en la generalidad de los aeropuertos que AENA gestiona en todo el Estado -excepción de los que se encuentran en Andalucía- se han encontrado "indispuestos" para realizar las tareas que habitualmente desempeñan en su puesto de trabajo. Consecuencia de esta posición, se ha generado un caos imprevisto por el que se han visto afectados del orden de dos mil vuelos, que a su vez están afectando a unos doscientos cincuenta mil pasajeros.

Los problemas de "estrés laboral" que han conducido a esta situación, se generan  en un colectivo, que según el presidente de AENA, cobra una media de 350.000 euros anuales.



Es una situación extraordinaria, con repercusiones hasta ahora nunca planteadas en el ordenamiento jurídico laboral, dada la trascendencia que el caos generado puede tener en todo el Estadoy en el derecho constitucional de la libre circulación de las personas. Frente a esta crisis, el Gobierno ha activado un gabinete de crisis para tomar las medidas necesarias para minimizar los efectos de este acto insólito. Las medidas que parecen se pueden llevar a cabo, alcanzan incluso la posibilidad de dejar el control de la navegación aérea a los militares.



No cabe duda de que esta situación, va a trascender de un forma sustantiva en los planes legislativos de los derechos laborales de los trabajadores y se van a establecer unos precedentes, que nunca se habían dado en la sociedad española.



La actitud que han tomado los controladores, se resuelva como sea, va afectar a toda la consideración futura del respeto de los derechos ciudadanos, frente a los derecho laborales y sociales. Además puede llegar a considerarse un delito, en el que tenga que aplicarse e interpretarse el propio ordenamiento jurídico penal.






RENFE ha establecido unos viajes adicionales  para facilitar, en la medida de sus posiblidades, los desplazamientos. Igualmente desde el Gobierno Balear, se han tomado medidas para habilitar traslado por barcos de los ciudadanos afectados.


Seguir los acontecimientos y las repercusiones jurídicas, legales y de convivencia, va a ser una tarea excepcional y compleja. Las consecuencias de estos  acontecimientos, actuaciones de los controladores  y de las instituciones  públicas que el futuro nos depare, forjarán la realidad de nuestra sociedad asi como su  consideración internacional.